Marea Ciudadana en Valencia

La ciudadanía valenciana unida contra los recortes y por una verdadera democracia

El poder de las élites financieras y empresariales ha impuesto a los gobiernos de la periferia de la Unión Europea, entre ellos al gobierno de España, la aplicación de brutales políticas socioeconómicas dirigidas contra la mayoría de la sociedad. Asimismo, pretenden que la ciudadanía asuma el pago de una deuda ilegítima que el sistema financiero ha generado con enormes operaciones especulativas. Esto, junto con una corrupción empresarial y política sin precedentes, está abocando a  la pérdida de legitimidad de las instituciones y causando la mayor crisis de la democracia de las últimas décadas.

El creciente desempleo, el ataque a los sistemas públicos de Sanidad, Educación y Servicios Sociales, a los derechos económicos y laborales y al medio ambiente, el olvido de las personas más empobrecidas, el desmantelamiento de los ayuntamientos, el marcado carácter centralizador, la implicación de las más altas instituciones del Estado ─ como el Gobierno, la Presidencia y la Casa Real ─  en casos de corrupción, la no depuración de responsabilidades políticas ni penales de los individuos implicados, nos ha hecho confluir en las calles, a través de grandes movilizaciones ciudadanas, defendiendo nuestros derechos y dignidad como pueblo.

En el País Valenciano se da la circunstancia de que, después de dieciocho años de gobierno de la Generalitat en manos del Partido Popular, nos encontramos en el furgón de cola en cuanto a derechos y libertades, a la vez que somos pioneros en despilfarro de los presupuestos públicos, en propuestas de ocio megalómanas y en una corrupción política sin parangón en Europa. En vez de atender a discapacitados, dependientes, enfermos mentales, menores en situación de riesgo, mujeres víctimas de violencia, drogodependientes o personas en situación de pobreza extrema, el gobierno valenciano invierte en Terra Mítica o Copa América. Y en vez de invertir en cooperación internacional o integración de inmigrantes y minorías étnicas, nuestros gobernantes invierten en el aeropuerto sin aviones de Castellón, en la Fórmula I o en equipos de fútbol.

Al deterioro de los valores democráticos básicos, debido al aumento sangrante de las desigualdades, se añade una inmensa desconfianza ciudadana hacia las instituciones políticas y económicas valencianas por los numerosos casos de corrupción ─como el caso Blasco, Brugal, Noos/Urdangarin, Gürtel. Emarsa, Terra Mitica, IVEX y 94 municipios con irregularidades urbanísticas─ que demuestran hasta qué punto ésta ha permeado toda la realidad valenciana.

Una sociedad justa y viable sólo será posible si la ciudadanía se une para defender los derechos sociales y laborales por encima de los intereses del sector financiero y las grandes corporaciones multinacionales, representados hoy en día por la llamada troika (Comisión Europea, BCE y FMI).

 La reforma del artículo 135 de la Constitución española, sin consulta previa al pueblo soberano, supedita todos los recursos del Estado al pago de esta deuda ilegítima a costa de recortar todos los servicios públicos y de subastar a precio de saldo el patrimonio del Estado. Esta imposición, establecida en el llamado Pacto Fiscal aprobado en el Consejo Europeo del 30 de enero de 2012, supuso un “golpe de estado silencioso” para priorizar el pago del servicio de la deuda frente a las obligaciones propias de un Estado Social y Democrático de Derecho.

En 1981, tras el golpe militar, la ciudadanía se manifestó masivamente en defensa de la Libertad y la Democracia. Ahora, 32 años después, llamamos a todas las mareas, plataformas, asambleas, organizaciones, asociaciones, colectivos y ciudadanía en general a confluir en una jornada de movilización el próximo 23 de febrero.

·        Por la democracia, la libertad y los derechos sociales
·        No a la corrupción
·        Por el derecho al trabajo. No a la reforma laboral
·        Contra el golpe de estado financiero y de las grandes multinacionales
·        Contra la deuda ilegítima. No debemos, no pagamos

Hay alternativas. Hay soluciones:

·        Por las personas, la justicia social y ambiental
·        Por la transparencia y la democracia participativa
·        En defensa de unos servicios públicos de calidad y universales

El momento exige unir a todos los que desde hace un año vienen saliendo a las calles y plazas del país para detener  la destrucción del empleo, la producción, los servicios públicos, los derechos de la juventud, de los trabajadores y de los pueblos.

23F, todas las personas y todas las reivindicaciones JUNTASadhesivo23F(1)
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