La autonomía de la política

No es un conjunto de corruptos los que nos han llevado a esta situación de crisis perpetua. Es un sistema de valores que asumimos como verdadero, y que es necesario desmontar.

Ataquemos la raiz del problema pero que no nos distraigan con el último escándalo de concejales cuya primera medida es subirse el sueldo dando por cerrada la ventana de oportunidad que se abrió inesperadamente.

Al leer las noticias de las primeras resoluciones de los nuevos ayuntamientos de 2019 me viene a la cabeza este vídeo del ayuntamiento de Tres Cantos.

Si, echo de menos ese momento de subidón de ética que fue el 15M

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Desmontando el baturrismo: “Zaragoza Vil”

En los últimos coletazos de campaña electoral municipal donde se cerró el ciclo de ciudades del cambio, dió pie para asistir a un par de documentales que pueden dar algo más de luz sobre las estructuras de poder formal e informal más cercanas del sistema.

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El caso del documental Zaragoza Vil de Antonio Tausiet relata en formato vídeo aquello que ya se adelantó en el proyecto de investigación Quién Manda en Zaragoza del colectivo Azofra.

Al igual que en los famosos “Paseos de Jane”, al repasar el paisaje municipal actual el habitante de Zaragoza se encuentra con ciertas repeticiones de moles de pisos que rompen cualquier estructura orgánica y explicar el origen de estos bloques, nos lleva a visualizar los pelotazos urbanísticos de las oligarquías locales.

En realidad acercarnos a la versión del 1% local sigue sorprendiendo por la alianza de empresas privadas que se van apoyando entre sí y en las instituciones para reforzar estas redes extractivas.

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El colmo es la imposición de los cánticos católicos cada X horas en el casco histórico de la ciudad, para que luego hablen de los musulmanes. Una crítica muy acertada del documental se puede ver en este artículo de Cierzo Digital.

Una pieza más para desmontar la falsa identidad aragonesa impuesta en el imaginario colectivo desde el golpe de estado a la república y que  detalla de manera excepcional Fernando Busto de la Vega en este artículo de Nabarralde.

El agua y la “propiedad”. Los Trileros privatizadores

Sopesando la úĺtima entrada para conseguir las listas de proveedores municipales, es un hecho que hay proveedores legítimos de cara a un municipio, pero también hay saqueadores profesionales.

¿Cómo hacen para saquear las arcas los recursos del estado?

¿Cómo consiguen privatizar tan fácilmente un bien común como es el agua?

Además de la explotación privada de manantiales naturales, (y que por lo tanto nos pertenecen a todos) es importante tomar conciencia de cómo el capitalismo necesita expandirse infinitamente mercantilizando todo lo que nos rodea.

El periodista Ricardo Gamaza recorre la provincia de Cádiz descubriendo los efectos de la privatización del agua en la ciudadanía. (Pero es muy fácil extrapolar a cualquier provincia del reino borbón).

Ingeniería empresarial y financiera, puertas giratorias, fraudes…

Un trabajo de investigación imprescindible para conocer las tramas de la privatización de un derecho humano esencial, el derecho al agua.

 

Tenemos que dar las gracias a Ganemos Jerez por impulsar este documental y fomentar la des-privatización de recursos comunes.

Apostando por la guerra

Y si resultara que con su dinero se estuvieran financiando crímenes?

Y si el sistema de dominación en el que estamos sumergidos nos hiciera colaboradores activos en la financiación de conflictos?.

Usted sabe en qué invierte tu banco? Sabe si está invirtiendo en guerras?

Pues es tan fácil como echar un vistazo al cuadro generado por bancaarmada251_Ranquing_BancaArmada2016_campanya_cast.jpg

Y qué es “BancaArmada”?, pues la campaña generada por El Centro de Estudios por la Paz JM Delàs, Setem, RETS, Justícia i Pau y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG)

El capitalismo no necesita personas. Necesita capital. Para acumularse y generar la falacia de su auto-reproducción. Como si fuera un ser vivo.

El sistema en el que estamos sumergidos fabrica guerras con el consentimiento de multitud de pequeños ahorradores que, inconscientemente o no, prestan su dinero a combatientes de multitud de facciones.

Y no solo la banca. Las comunidades autónomas también hacen negocio con las armas, como muestra el proyecto de open data, el disparate.

Lucila Rodríguez-Alarcón lo expresó con mucha claridad en este artículo:

No es el frío lo que mata a las personas huidas de la guerra. No necesitan mantas. Es el capitalismo.

Para el acceso rápido, aquí les dejo unos enlaces con las imágenes de cantidades inversiones de diferentes bancos en armamento, via .
BBVA

SANTANDER

BANKIA
LIBERBANK

Cuando un “NO” es positivo

Nuevo año, nuevas ciudades, nuevos trabajos, nuevas energías. El cambio ya no es un potencial. Es el presente.

Para celebrarlo, una recomendación de película imprescindible que trata sobre el control de la opinión pública, y el trabajo de construir hegemonía desde arriba.

La increíble (pero cierta) historia del plebiscito chileno. Dictadores sometidos a plebiscitos. Publicistas defendiendo la palabra “NO“. Una historia que atrapa y que retrotrae a los 80’s en la estética no solo de los actores, sino del metraje.

Una reflexión sobre técnicas de control mental desarrolladas en el siglo XX, y un cuestionamiento de las pretendidas “transiciones” democráticas.

“Chiiiiile, la alegría ya vieneeee”….

Disfruten del trailer:

Discurso de un interventor municipal

A continuación el lector podrá leer un extracto  del discurso que dió Fernando Urruticoechea, en agradecimiento por el ‘Premi Llibertat d’Expressió 2016’ otorgado por la Unió de Periodistes Valencians. El discurso íntegro se puede leer en Valencia Plaza

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Foto: KIKE TABERNER

[…]

1. Interventores municipales

Casi ningún ciudadano sabe lo que es un interventor municipal. Sin embargo, nuestra función es la de defender el buen uso del dinero de los ciudadanos que el Estado de derecho recauda en forma de impuestos, tasas o contribuciones, para que se aplique según la ley. También servimos de garantía a los gobernantes, como guardaespaldas de la legalidad, al tener que informarles sobre las formas legales de lo que aprueban, para que no tengan problemas con la Justicia.

Debemos controlar todo lo que se ingresa y todo lo que se gasta en un ayuntamiento y para ello firmamos antes que los alcaldes las obligaciones de gastos, para que sepan que pueden ordenar tales gastos con tranquilidad, y firmamos también antes que el alcalde y que el tesorero todas las órdenes de pago y transferencias bancarias.

En teoría todo el mundo está de acuerdo en que este control previo de la legalidad de todos los actos económicos de un ayuntamiento es el más adecuado para que el alcalde nunca firme nada ilegal y que si lo hace, en contra del informe del interventor, sea un escándalo público.

Esta es la teoría, pero no funciona así la realidad económica de nuestros ayuntamientos. Recordemos los casos Gürtel, Brugal, Pokemon, Pretoria, Campeón, Mercasevilla, Marea, Castro Urdiales, Umbra, El Roblecillo, Auditorio. Y entre los últimos, Operación PúnicaTaula, facturas de Sevilla, etc.

No hay datos oficiales sobre la corrupción, sólo parciales de la Fiscalía General del Estado y las declaraciones del Ministro del Interior sobre detenciones practicadas. Según Wikipedia, en 2015 había unas 1.700 causas judiciales relacionadas con la corrupción y más de 500 imputados o investigados, de los cuales sólo 20 habían sido condenados y habían entrado en prisión.

En la prensa se dice que hay unos 1.000 ayuntamientos con investigaciones en marcha por corrupción. El récord lo tiene Murcia con 35 ayuntamientos investigados por corrupción de un total de 45. Esta situación en Murcia está en clara correlación con el hecho de que estén vacantes las intervenciones de 32 de sus 45 ayuntamientos, las secretarías de 18 y las tesorerías de 13.

La conclusión evidente es que en los casos de corrupción, en sus respectivos ayuntamientos no tenían a nadie que ejerciera las preceptivas labores de auditoría y control, sólo gente que se sometía a los dictados de los mandatarios corruptos.

Pero hay otro efecto buscado por parte de todos estos regidores municipales y es el de evitar al informante de la legalidad, al testigo molesto, al posible alertador de sus ilegalidades. En el caso reciente de la sentencia del Tribunal Supremo de archivo provisional de la investigación de la exalcaldesa de Jerez por adjudicar contratos a la rama andaluza de la trama Gürtel, resulta llamativo que haya sido porque no tenía conocimiento de que eran irregularidades. Esta situación habría cambiado si hubiera contado con un interventor que le hubiera hecho advertencia de las ilegalidades. En consecuencia, evitando a los alertadores de las irregularidades se evita estar investigado.

2. Alertadores en el infierno

Para evitar a los alertadores de irregularidades existen variadas posibilidades, según la escala territorial de la Administración:

-El Estado cuenta con un cuerpo especializado, organizado y jerarquizado de alertadores, la IGAE, que son nuestros hombres de negro.

-En las Entidades Locales, no se pudieron sustraer de la tradición al existir desde la República un cuerpo dual de funcionarios seleccionados por el Estado, responsables de velar por la legalidad. Los secretarios hacen el papel de los asesores jurídicos de las empresas y los interventores locales serían los auditores internos que se encargan de controlar las cuentas. Pero a diferencia de los interventores del Estado –sin organización ni jerarquía alguna–, cada secretario y cada interventor depende, funcional y económicamente, del alcalde; cada uno con su librillo particular, sin medios de coordinación, ni canales de comunicación, ni siquiera con los órganos de control externo que son los Tribunales de Cuentas. Ni cauce especial con las Fiscalías especializadas provinciales.

-A este galimatías se le une la posibilidad en los grandes municipios de que sean los ayuntamientos los que elijan “a dedo”, por libre designación, a estos funcionarios de élite, con lo que son importantes las posibilidades de no tener a alertadores molestos.

Ninguna de las 17 CC AA cuenta con cuerpo especializado de auditores internos y así de esta forma sus interventores se eligen por libre designación de entre sus funcionarios propios, sin necesidad de especialización previa, demostrada al modo constitucional de mérito, capacidad e igualdad. Todos sus interventores lo son “a dedo”, y así suceden espectáculos como los de los ERE en Andalucía, las ayudas de formación en todas las CC AA –aunque el espectáculo también comenzase en la de Andalucía–, o el de las facturas en los cajones –también en todas las CC AA–, así como la falsificación contable de parte de ellas, aunque EUROSTAT sólo haya sancionado por tales prácticas fraudulentas a la Comunidad Valenciana por ocultar facturas de Sanidad.

La sanción a la Comunidad Valenciana de 18,93 millones de euros de multa por la manipulación del déficit podía haber sido de 2.000 millones de euros al Reino de España, porque el balance definitivo hecho público por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de las facturas en los cajones abonadas mediante el Fondo para la financiación del pago a Proveedores fue de 41.814,8 millones de euros, permitiendo pagar más de 8 millones de facturas de casi 200.000 proveedores, de los que 30.129,15 millones de euros eran de proveedores de las CCAA y 11.595,47 millones fueron a los proveedores de los entes locales.

El coste de este despropósito –además de la única sanción de cerca de 19 millones– está siendo de miles de millones de euros para los ciudadanos en forma de intereses, destinados a la banca española.

¿Algún expediente de responsabilidad derivada o contable por tales y tan importantes perjuicios? De momento, la única noticia es que se ha encontrado un único chivo expiatorio en la figura del interventor general de la Comunidad Valenciana con Camps.

En los ayuntamientos desconozco la apertura de expediente disciplinario por los perjuicios ocasionados por los más de 11.000 millones de facturas en los cajones, pero sí de centenares de expedientes a los compañeros que se toman en serio su labor de alertadores de la corrupción o de irregularidades en la gestión.

El problema está en que carecemos de independencia, y al estar sometidos a las órdenes y condiciones económicas de los superiores políticos que son a los que tenemos que controlar es inevitable el envilecimiento, ya que si se quiere medrar profesionalmente se han de cumplir las instrucciones del alcalde.

La consecuencia de cumplir nuestra función escrupulosamente, al servicio de los intereses generales sometidos al Derecho, sin pensar en el desagrado de los superiores ni en la inutilidad de lo que se está haciendo, conduce inevitablemente a la marginación, cuando no a la postergación y al castigo.

Pero tal como analiza la situación de los funcionarios españoles un experto como Alejandro Nieto, existen funcionarios que no se doblegan ante la arbitrariedad y la injusticia, con la esperanza de que cambien las tornas, con la conciencia de que su sacrificio puede servir como testimonio que, oculto hoy, sea conocido algún día, para que los políticos desalmados no salgan ilesos. Pero a este tipo de funcionarios les basta con intentarlo, con acercarse un paso a la lejana y legendaria civitas justitiae. Y con estas ilusiones se realizan en su vida y profesión.

En las circunstancias actuales de falta de independencia, este tipo de funcionarios son una minoría pero los hay también especialmente entre funcionarios vocacionales y preparados como los FHN. Para estas decenas de compañeros y compañeras es el premio Llibertat d’Expressió.

Si buscamos, nos encontraremos con titulares como “Funcionarios en el infierno”, referidos a secretarios e interventores que denuncian casos de alcaldes que los persiguen. Traigo aquí algunos de los recogidos recientemente en la prensa o en el foro cerrado de Internet de FHN:

-Es el caso de Celia González, secretaria/interventora de Palas de Rei (Lugo), que ha conseguido después de 5 años de calvario, con varios expedientes disciplinarios, que se le abra juicio oral a su alcalde.

-El de Maria Antonia Martínez Barcia la exsecretaria municipal de Barreiros, donde su alcalde le abrió tres expedientes disciplinarios con el aval de la Xunta, cuando se opuso a las licencias urbanísticas para construir miles de viviendas en parcelas sin acceso, ni suministro de agua, hasta que tuvo que irse, sin entenderlo, ya que lo único que hacía era cumplir con su deber, por su salud y su familia.

-El de Gregorio Marañón Lizana, secretario de Otura (Granada), acosado y expedientado por denunciar al alcalde en 2011, con la satisfacción moral de ver condenados e inhabilitados por 8 años a sus dos alcaldes, aunque él se vio forzado a cambiar de ayuntamiento antes.

-El de M.ª Reyes Bermejo García, secretaria en Villamayor y forzada a  cambiarse a Tamanes, Salamanca, donde se tuvo que prejubilar contra su voluntad para preservar su salud. Optó por doblarse antes de romperse.

El de Antonio López Gómez, por actuar como legalmente tenía que hacerlo en la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid de 2012 a 2014, con el alcalde de Moraleja de Enmedio, ahora investigado dentro del caso Púnica.

-El de Sagrario Garrido Ruano, secretaria de Guijo Galisteo (Cáceres), con condena a prisión del alcalde en 2012 por acoso.

-También los casos de interventoras valencianas, como la compañera de Mislata, Herminia Llop Gil, quien ha visto reconocida la lesividad del acuerdo de la concesión del parking, por cuyo informe de reparo le abrieron un expediente disciplinario.

-Un caso diferente es el Maite Carol, al ser interventora interina en Santa Coloma de Gramanet, que cumplió con sus funciones de interventora, informando de ilegalidades a pesar de ser interina, no FHN y eso le costó su cese al ser informante en el caso Pretoria.

Son sólo una muestra de decenas de casos de los que no existe una base de datos de seguimiento, víctimas silenciosas reflejadas con dignidad en el documental “Corrupción, organismo nocivo”.

En todos estos casos, como en los de otros miles de funcionarios españoles existe un enorme sufrimiento personal derivado de la arbitrariedad del comportamiento de los corruptos, cuyo afán principal no siempre es el dinero, sino el ejercicio despótico del poder. Nuestros medios de comunicación se suelen centrar en las dimensiones económicas de la corrupción y, en ocasiones, en el ejercicio circense del más difícil todavía al intentar demostrarnos la mayor importancia económica del último escándalo económico sobre el del día anterior, sin atender a los dramas humanos de la arbitrariedad política, que ocasionan víctimas.

El caso extremo del asesinato de la Presidenta de la Diputación de León tenía que haber permitido analizar la existencia de víctimas de la corrupción por el comportamiento despótico de sus autoridades; victimas numerosas en el caso de la Diputación de León. Este tipo de víctimas requiere atención y hace pertinente el análisis de las personalidades de aquellos políticos que pueden ensañarse, muchas veces impunemente, con estas víctimas.

Hay consenso entre los especialistas en psicopatías, a que en torno al 1% de la población cumple con los rasgos que el especialista Robert Hare establece para ser considerado psicópata, también respecto a que la política y los negocios son un ámbito en el que los psicópatas se sienten en su salsa y además triunfan.

Respecto a datos concretos en la política hay pocos estudios, pero Iñaki Piñuel estima que la cifra se dispararía del 5 al 10%.

También encontramos en la prensa casos extremos de decenas de secretarios, interventores y otros técnicos municipales que se han pasado al lado oscuro, al servicio de alcaldes villanos o a su propio servicio. Es el ejemplo de imputados o investigados como el de mi antiguo compañero secretario en Castro Urdiales o el interventor condenado por prevaricación pasiva de Torre Pacheco (Murcia).

Salvando estos casos extremos el problema mayoritario es el distanciamiento del funcionario y su función, cuando comprueba que sus esfuerzos de nada sirven y que se obtienen beneficios de mirar para otro lado.

Pensemos en un ejemplo muy reciente que seguro recuerdan: las 400 facturas de la última legislatura, de gastos de representación de Barberá por un total de 278.000 euros, según denuncia de Compromís; entre ellas, facturas de naranjas por 25.226 euros. Todas estas facturas han tenido que ser firmadas no sólo por la exalcaldesa Barberá, o sus concejales delegados, sino también por el interventor general del ayuntamiento de Valencia o por sus interventores delegados.

Lógicamente, existe relación entre estas escandalosas facturas y el hecho de que el ayuntamiento de Valencia tenga un selecto club de más de 40 altos empleados que cobran más que el actual alcalde, entre los que el interventor seguro que está entre los que ganan más de 100.000 euros al año. Mucho me temo que sí, que existe una clara correlación en todos los ayuntamientos españoles entre la laxitud fiscalizadora de los interventores y su sueldo, de más de 100.000 euros en bastantes ciudades españolas y también de más de 70.000 euros incluso entre ayuntamientos de municipios de menos de 5.000 habitantes.

¿Se abrieron o se abrirán expediente disciplinarios a estos funcionarios valencianos que optaron por mitrar a otro lado, o los expedientes disciplinarios sólo se utilizan contra los funcionarios alertadores de la corrupción?

3. Subsidiariedad de nuestras administraciones públicas respecto a las empresas concesionarias privadas

Si a la falta de control efectiva de la gestión económica pública le unimos el rasgo de la subsidiariedad en la actuación económica de nuestras administraciones públicas, tenemos el diagnóstico de la grave y diferencial corrupción política existente en nuestro país. En el marco de esta intervención de agradecimiento del premio no puedo extenderme con ejemplos, pero basten algunas pruebas que nos permiten concluir la tremenda indefensión del interés general en nuestro país:

Corrupción urbanística en Valencia

La corrupción urbanística en Valencia es un claro ejemplo de irregularidades en la gestión pública municipal al servicio de intereses privados. En la Comunidad Valenciana hay 390 municipios de menos de 5.000 habitantes que gestionan sus licencias urbanísticas con informes técnicos de arquitectos que son incompetentes para ejercer esa potestad. En el mismo sentido, realizan inspecciones y conforman actas de inspección que son documentos públicos, para lo que no tienen potestad.

Según sondeo efectuado en 50 ayuntamientos en 2014, en la Comunidad Valenciana, ninguno de tales ayuntamientos tenía funcionario. La emisión de informes técnicos preceptivos, la inspección urbanística, las actas de inspección y sus informes son una reserva de funcionarios, por lo que quienes los emiten sin serlo incurren en una doble infracción: la primera, en usurpación de funciones públicas; la segunda, porque contaminan con nulidad de pleno derecho las resoluciones.

Alcaldes, secretarios y técnicos, además de las tres Diputaciones que miran a otro lado, dan soporte a una extendida e intensa corrupción. Estos ayuntamientos han concedido un total de 35.618 licencias municipales de obra nueva de 2000 a 2014, según la Estadística de Construcción de Edificios, del Banco de Datos Territorial.

El foco de corrupción está en la contratación administrativa de los servicios y en las obras

Al agotado pozo de petróleo del urbanismo le ha sustituido como fuente principal de corrupción urbanística la de la contratación administrativa de los servicios, de todo tipo y naturaleza. Los ejemplos sobre la cartelización en los principales servicios del agua y basuras son tremendos –con la máxima sanción nunca impuesta por la CNMC al cártel de las basuras municipales–, con el Auto de la juez del caso Pokemon de pieza separada para su inhibición en las contrataciones de Aquagest, del grupo Agbar, calificada de verdadera asociación ilícita, cuya comprobación no se ha extendido al resto del país. Se puede demostrar que existe un saqueo generalizado a los usuarios del agua en toda España, de miles de millones de euros. Me parece fundamental pedir la tramitación urgente de procedimiento judicial de ilegalización de Agbar.

Los contratos de basuras son ilegales en casi todos los municipios por tratarse de contratos de servicios de duración limitada a un máximo de 4 años más 2 de prórroga frente a los 10 años más 10 habituales o incluso los 25 años o más, lo que significa poner a los ayuntamientos al servicio de las grandes constructoras, que como en el caso del agua son las que manejan estos servicios. Hay que destacar que un ayuntamiento como el de Torre Pacheco, de unos 30.000 habitantes, su contrato de basuras y limpieza viaria se pretendió hacer por 125 millones de euros, a razón de 5 millones al año, durante 25 años. Adjudicación anulada –como también en Alcantarilla y en Crevillent– por el Tribunal Administrativo Central, pero sin que los respectivos ayuntamientos las acaten, poniéndose al servicio de sus respectivas concesionarias, grandes empresas, o grandes tramas empresariales.

Los comportamientos mafiosos

Para que unos pocos puedan patrimonializar privadamente dinero y patrimonio público, es preciso repartir y se está haciendo de forma generosa, mediante distintos mecanismos, uno de los cuales es el sangrante fraccionamiento de la contratación menor. Para que los caballos se puedan llevar grandes brazadas de avena es imprescindible repartir generosamente granos en el camino para los gorriones.

Basta ya de tancredismo político y de pasividad ciudadana

La conclusión no puede ser otra: ¡Basta ya de tancredismo político y de pasividad ciudadana! La corrupción política es un tremendo perjuicio para la mayoría de españoles, pero tenemos que darnos cuenta de que es un buen negocio para una minoría que no se va a hacer el harakiri y que tiene un tremendo poder económico y político para manipular el diagnóstico y las soluciones.

Ya no se oyen o son minoritarias las desvergonzadas voces de que la corrupción era sólo un problema de unas manzanas podridas y que quitándolas del cesto problema arreglado. Ahora ya empieza a ser un paradigma la idea de que tenemos una corrupción sistémica, lo cual sigue siendo un diagnóstico inefectivo porque no es suficiente con darnos cuenta de que afecta a nuestro sistema político, también debemos ser conscientes de su tremenda magnitud. Usando la metáfora del cáncer, puede decirse que la corrupción alcanza a todas nuestros centros vitales, a todas las instituciones, incluidas la Justicia y los Cuerpos de Seguridad del Estado, frente a los complacientes análisis de nuestros tertulianos, sin atender a las pruebas existentes.

Y no sólo alcanza a las instituciones públicas, ya que los corruptores son privados, personas físicas o jurídicas privadas que actúan normalmente sobre los partidos políticos.

4. Visión de un combatiente desde la primera trinchera de lolocal

Para finalizar, quiero expresar mi visión de combatiente en la primera trinchera contra la corrupción que es la local: para ganar el combate contra la corrupción necesitamos una variada gama de medidas, pero lo fundamental es la prevención mediante la aplicación de antídotos sociales. En particular, de modo  especial, la cultura de la honestidad y el “miedo a que te pillen” para aquellos a los que no les haga efecto cualquier forma de cultura cívica o código ético.

¿Se han parado a pensar por qué –excepto el primer ministro islandés– no hay representantes de los países nórdicos en la lista de los papeles de Panamá, cuando según la teoría neoliberal de aversión de los ricos a la expropiación impositiva serían los países en los que los ricos cuentan con más estímulos para sacar su dinero y negocios fuera?

No podemos esperar el harakiri de nuestros poderes económicos y políticos, es preciso el empoderamiento ciudadano, pero de poco valen las llamadas a la participación si no habilitamos los cauces adecuados, en forma de referéndums locales y sobre todo potenciando las asociaciones contra la corrupción, transparentes y con voluntariado vocacional y potente. No todos los ciudadanos indignados tienen tiempo, o ganas de dedicarlo, al control de la gestión pública, pero que estarían dispuestas a financiar en la medida de sus posibilidades a asociaciones contra la corrupción que cuenten con activistas honestos y eficientes. Yo participo en tres de ellas y les puedo facilitar sus nombres y garantizar su efectividad. Su principal limitación son los recursos económicos para poder abordar acciones judiciales y crear de bases de datos de la corrupción.

1. Acción Cívica contra la Corrupción. Valencia. www.accion-civica.org

2. Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción. Delegación en Alicante. http://ciudadanoscontralacorrupcion.es

3. Observatorio Ciudadano Municipal de Alcantarilla. http://ocm.ocmalcantarilla.es/enquiry

Respecto a nuestro país, resulta urgente ponernos a practicar el consejo de la psicóloga Clara Esquerra:

“Si algo podemos aprender de las personas que han tenido el valor de denunciar las conductas deshonestas es que no debemos rendirnos ni debemos dejarnos vencer como sociedad. Si los ciudadanos no estamos atentos ni vigilamos el poder, la putrefacción seguirá ganando terreno, mientras la buena gente es arrinconada y flagelada. Este es el terrible daño que causan los mafiosos, que saquean el país y destruyen conciencias. Digamos en voz alta sus nombres, no les votemos ni permitamos que se salgan con la suya. Y así el sufrimiento de los alertadores será cosa del pasado y podremos mirar al futuro con esperanza”.

A mí me queda seguir escuchando con melancolía la ronca voz de Chavela Vargas cantar Noches de boda, de Joaquín Sabina, y recitar para ustedes las estrofas que dicen:

Que no te compren por menos de nada,

que no te vendan amor sin espinas,

que no te duerman con cuentos de hadas,

que no te cierren el bar de la esquina.

Que ser valiente no salga tan caro,

que ser cobarde no valga la pena.

Socializando la investigación básica, y privatizando beneficios a coste de tu salud: las farmaceúticas

Si hay algo que puede lograr consensos en un tiempo record es que todos esperamos que la sociedad debería auto-dotarse de una herramienta que nos permita librarnos de enfermedades.

Además del acceso a la sanidad universal, el desarrollo de vacunas o medicamentos es un proceso que gran parte de la gente ignora. El común de los mortales piensa que las farmaceúticas tienen muchos laboratorios donde emplean a miles de científicos, pero la realidad desmonta ese mito.

Los ciudadanos pagan la investigación básica que se realiza desde la universidad pública, con mucho esfuerzo y por cierto, precarizando a todos sus trabajadores. (la explotación laboral neoliberal de la universidad, que se asumió con más o menos resignación quizá fue la vanguardia de las relaciones laborales que nos esperaban).

En resumen, Los ciudadanos pagan 2 veces: La investigación básica, y luego cuando el gobierno compra a esa misma idea a la compañía farmaceútica.

Este documental expone grandes ideas con protagonistas del sector. Grandes frases que aparecen:

“Las grandes compañías farmaceúticas toman las ideas de la investigación básica, extraen posibles medicamentos,  y desarrollan productos y luego venden esos productos al sistema nacional de salud “, Javier Diaz Nido, profesor e investigador del centro de biología molecular Severo Ochoa.

“Se socializan los costes de la innovación y se privatizan los beneficios”,  Vincenzo Pavone, investigador Instituto de Políticas públicas. CSIC.

“Las farmaceúticas dedican menos del 8% a investigación”, James Love, director de Knowledge Ecology Internacional.

Algunas de las soluciones que se plantean en el documental mi me convencen totalmente. Como plantea Vanessa Lopez, las universidades deberían vender/ceder sus investigaciones a las empresas privadas, pero con derechos, con condiciones. Deberían obligarles a que si desarrollan un medicamento con esa idea, tenga un precio asequible, y que ese conocimiento generado sea de dominio público.

MUY recomendable

El Parlamento Europeo y su “cuestionamiento” de la Troika

EuroCraneo. https://www.facebook.com/vocesconfutura?fref=tsLos compañeros Fátima Martin y  Jérôme Duval del CADTM y la PACD publicaron el principio de este post como un artículo el 28 de febrero de 2014 en el periódico francés Politis. Traducido, también ha aparecido en PatasArriba, KaosEnLaRed,  y en Diagonal.net

Pese a su disimulada intención de lavar la cara a la Troika, el informe preliminar del Parlamento Europeo sobre la investigación relativa al papel y las actividades de la Troika (BCE, Comisión y FMI) en relación con los países de la zona del euro sujetos a un programa no puede evitar señalar sus múltiples irregularidades. Esta fiscalización incluye cuestionarios enviados a los principales responsables, que éstos impunemente no responden o lo hacen a medias.

Dependiente del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, el proyecto de informe, firmado por Othmar Karas y Liem Hoang Ngoc, curiosa e inexplicablemente, se “olvida” del rescate de hasta 100.000 millones de euros (de los que se dice que se han usado 41.300 millones) a la banca española en junio de 2012.

Pese a que el informe preliminar, que se esperaba fuera definitivo para Abril, poco antes de las elecciones europeas, señala grandes irregularidades de la Troika, justifica en muchos de sus puntos su acción.

Por ejemplo, al hablar del “inmenso reto de la Troika”, defiende que “el tiempo se agotaba, los obstáculos legales tuvieron que ser despejados, el miedo a una fusión del núcleo de la Eurozona era palpable, hubo que adoptar acuerdos políticos…”. En otro momento, rechaza que hubiera sido posible plantear alternativas al sostener que “la asistencia financiera en el corto plazo evitó un impago desordenado de la deuda soberana que habría tenido consecuencias económicas y sociales extremadamente graves, así como efectos indirectos en otros países de una magnitud incalculable (…)”.

El documento señala que, “debido a su naturaleza ad hoc, no había base jurídica adecuada para la creación de la Troika sobre la base del Derecho primario de la Unión”. Esto ha sido confirmado indirectamente por la Comisión cuando escribe que “el modelo de la Troika ha sido respaldado por el legislador de la UE (ver artículo 7 de la Regulación de la UE Nº 472/2013)”, lo cual implica que antes de 2013 no hubo tal respaldo, cuando es sabido que todos los programas de la Troika salvo el de Chipre han arrancado antes de esa fecha.

Asimismo, subraya la doble función de la CE – como agente de los estados y como institución de la UE – y del BCE -como asesor técnico y acreedor- en la Troika y sus evidentes conflictos de interés, al ser juez y parte.

Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el mandato del BCE está limitado a la política monetaria, por lo que “la participación del BCE en cualquier asunto relacionado con las políticas presupuestarias, fiscales y estructurales se encuentra en un terreno legal incierto”. Además, incide en “la débil responsabilidad democrática de la Troika” en los países sometidos al “programa”.

El informe advierte que “el mandato de la Troika ha sido percibido como opaco y no transparente” y se muestra especialmente crítico con los Memorándum de Entendimiento (MoU), de los que lamenta su falta de transparencia en las negociaciones.

La Troika elude las preguntas y apunta a los estados como responsables

Al extenso cuestionario enviado a los presuntos responsables de los rescates: CE, BCE, FMI, Eurogrupo y Consejo Europeo responden, si lo hacen, de manera escasa e insatisfactoria. Todos coinciden en exculparse trasladando las responsabilidades a otros.

Por ejemplo, el FMI se ha negado a contestar argumentando que no tiene que rendir cuentas a los Parlamentos, lo cual es sorprendente, dado que este fondo impone sus políticas a los parlamentos.

Herman Van Rompuy ha contestado que “no está involucrado”, cuando como presidente del Consejo Europeo representa a los estados miembros de la UE.

Por su parte, el presidente del Eurogrupo ha eludido la pregunta diciendo que las instituciones de la Troika son las más indicadas para contestar, mientras el BCE devuelve la pelota al Eurogrupo: “Sobre medidas concretas para países concretos, sería más apropiado que respondiera el Eurogrupo”.

Todos estos responsables llevan años implicados en las políticas de austeridad llevadas a cabo por los gobiernos bajo el mandato opaco de la Troika, apoyándolas y presionando a los estados para que las apliquen. Ahora bien, a la hora de contestar a un cuestionario del Parlamento Europeo, eluden sus responsabilidades y echan la culpa a los estados a los que robaron su soberanía. Tanto la CE como el BCE lo dicen claro: “la autoría del diseño del programa pertenece a las autoridades del estado miembro afectado”. Ya sabíamos que los altos funcionarios de estas instituciones gozan de total impunidad ante la justicia, ahora sabemos que rechazan incluso contestar a preguntas sobre sus implicaciones. ¿Será que huyen de sus responsabilidades frente a una opinión popular cada día más enfadada con las consecuencias humanitarias de dichas políticas?

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Para evitar que se fueran “de rositas” después de leer este informe, desde la PACD y el CADTM se envió el siguiente cuestionario al servicio de prensa del Parlamento Europeo, a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, a los eurodiputados Liem Hoang Ngoc y Othmar Karas, y también a otros diputados el siguiente texto, al que de momento no han contestado:

Nos dirigimos a uds. en nombre de la Plataforma por una Auditoría Ciudadana de la Deuda del Estado español (PACD) y del CADTM para trasladarles un cuestionario acerca del borrador del informe que está llevando a cabo el Parlamento Europeo sobre el papel de la Troika en los países de la Eurozona sometidos a programas.

Dada la enorme importancia y el evidente interés público del asunto, confiamos en obtener sus respuestas, con el fin de poder trasladarlo a la opinión pública europea.

1.¿Por qué en el proyecto de informe del Parlamento Europeo (PE) sobre la Troika no se incluye el rescate a la banca española? ¿Cómo considera el PE el rescate a la banca española? ¿También va a analizar el papel de la Troika en este caso?

2. ¿Por qué ha tardado tanto el PE en fiscalizar la actividad de la Troika? ¿Tiene que ver con la cercanía a las elecciones europeas?

3. ¿Cómo va la investigación hasta la fecha? ¿Qué falta para que esté terminada en abril?

4. ¿Cuál es la postura de los diferentes partidos del PE ante la Troika?

5. Según diferentes medios, FMI, CE y BCE o no responden al cuestionario del Parlamento Europeo o lo hacen parcialmente. ¿Qué le parece esto al PE?

6. El borrador del informe incluye algunos aspectos muy críticos con la acción de la Troika ¿Tiene capacidad sancionadora? ¿Y vinculante? ¿Qué consecuencias considera el PE que puede tener esta investigación? ¿Qué le gustaría conseguir?

7. Una de las recomendaciones del informe es un Fondo Monetario Europeo ¿En qué se diferenciaría del FMI?

8. Uno de los ponentes, Liem Hoang Ngoc, ha considerado que la Troika debería desmantelarse y sustituirse por otro instrumento con más control democrático. ¿Qué instrumento podría ser?

9. El otro ponente, Othmar Karas, ha propuesto que el MEDE está llamado a aumentar su importancia. ¿En qué sentido? ¿Considera el PE que el MEDE es un mecanismo democrático? ¿Una de las recomendaciones de borrador es que las decisiones del MEDE se tomen por mayoría cualificada en vez de por unanimidad? ¿Por qué?

10. ¿Quién piensa el PE que debe asumir responsabilidades por las consecuencias de los rescates sobre los países rescatados? ¿Cómo?

Muchas gracias,
El PACD y CADTM.

 

Otra visión interesante sobre el informe, en inglés, en el observatorio de la Troika

 

 

Universidad, S. A.

Recordando el estudio de los investigadores suizos sobre que 737 compañías que controlan el 80% del valor de todas las transnacionales del mundo; y los proyectos de datos masivos en red para controlar al poder desde la ciudadanía, al visualizar el siguiente documental descubrí quien MANDA de forma oficial en la universidad pública. Son los “consejos sociales” de las universidades, por encima del rector y del consejo rectoral. Sólo hay empresarios que pueden ser hasta imputados en casos de corrupción. Se detalla a partir del min 38.00 del documental entero. Hoy el consejo social no representa a la sociedad. Es una falsificación.

Es una información actual. No es el futuro que quieren al someternos a alguna reforma educativa.Con todos los problemas que tenemos como sociedad, el único objetivo de los sabios de nuestra sociedad es participar en el moldeado de una sociedad mercantil.  Es más, me llega información de que existen interinos de la universidad son obligados a trabajar en régimen de falsos autónomo. A continuación el trailer:

Toda la información e incluso el documental completo, en la web del proyecto: http://www.universidadsa.com/

Este documental pretende mostrar los procesos y las consecuencias que resultan de la mercantilización de la Universidad y de su contexto político, económico y social.

Para ello, contactamos y entrevistamos a personas vinculadas a la universidad de diferentes maneras y con distintos perfiles, desde una ex-alumna hasta un ex-rector; con tal de intentar ofrecer una visión amplia y diversa de lo que acontece la educación superior.  Nuestro cedazo, en materia de selección de los entrevistados, fueron los ejes temáticos que veíamos importante tratar así como la voluntad de colaboración con este proyecto; pues, cabe decir, que no pocos desatendieron nuestra invitación.

Con todo, parece ser, que de una manera u otra la mayoría de los puntos de vista mostrados en el documental convergen hacia un mismo punto: la Universidad, la niña bonita de nuestras instituciones, se ha dejado corromper. Y lo ha hecho de distintas maneras: sometiéndose a los dictados de la mercantilización, dejándose llevar por la fiebre inmobiliaria, banalizando los títulos, aceptando la privatización -literalmente- de los resultados de las investigaciones (y por ende; elitizando y privatizando el conocimiento producido con dinero público), deshumanizando las aulas y a lo que ellas contengan, etc. Todo, por tal de satisfacer a nuestras nuevas deidades: los mercados, las empresas y las corporaciones que en ellos actúan.

Así, el documental transita desde los espacios macroeconómicos de decisión que marcan la pauta y el hacer de los gobiernos a la traducción directa de la aplicación de estas medidas, previo señalamiento de los responsables políticos, explicitando las consecuencias sociales y personales que tienen estas dinámicas.

Vértigo del momento, los hechos, las palabras

Artículo bastante inquietante del blog de Jean Luc Melenchon,

traducido por Mario, compañero de Castilla y León de Jufiglo (Justicia Fiscal Global) de ATTAC:

24 mayo 13 –“Pequeño correo del blog” de Mélenchon

Se ha puesto en marcha el gran asunto de este nuevo siglo en Europa: la anexión por los EEUU de nuestras democracias ya estrepitosamente derrumbadas.

Es el comienzo de las negociaciones para la constitución de un mercado único transatlántico liberalizado. Años de alerta no han servido de nada. El espeso manto mediático-político ahogó el ruido de botas de los “trusts” yankis. De golpe, tras años de discreta preparación, todo se empaqueta. Con una simple declaración de Obama aprobada por Merkel y después de una visita tan solemne como formal de los androides Van Rompuy y Barroso, la máquina ha comenzado a funcionar. La Comisión Europea va a dotarse de un mandato de negociación. Ésta comenzará en Julio.

Dividiré mis explicaciones en dos capítulos. Uno describe sumariamente lo que está en juego con el contenido del tratado; el otro analiza el contexto de las fuerzas políticas en esta cuestión. Invito calurosamente a mis lectores a prestar atención a los hechos. Este asunto va a pesar sobre nuestra actividad política durante meses, y quizás incluso durante años. No se puede combatirlo sin formarse una clara opinión al respecto; es necesario comenzar inmediatamente un trabajo de educación popular de masas para conseguir este propósito.

En Sudamérica, la llegada al poder [de gobiernos de izquierdas] permitió que un tratado equivalente a éste fuese enviado a la papelera en el último momento. Sea como sea, es necesario ponerse a trabajar activamente ya mismo.

En 2009 ya alerté sobre los peligros de este gran mercado transatlántico, que se trama desde hace diez años a espaldas de los pueblos. Un mutismo mediático total y una prudente ley del silencio en los partidos que participan desde el inicio en esta discusión, han protegido eficientemente diez años de negociaciones preliminares. Este vasto proyecto de liberalización de intercambios e inversiones, conoce en este momento una aceleración espectacular, sin que ningún pueblo europeo lo haya acordado y ningún gobierno lo haya nunca incluido en su programa electoral. Los arcanos de la UE debaten ya secretamente un proyecto de mandato que deberá ser otorgado por los 27 ministros de comercio a la Comisión el 14 de junio. La existencia de tal proyecto quedó atestiguada en la página del consejo de la UE con fecha 13 de marzo, bajo el número 7396/13, en un documento marcado como “no accesible”.

Como los tratados confieren a la Comisión una competencia exclusiva en materia comercial, el Parlamento Europeo carece de potestad para contravenir ese mandato, y solamente tiene la posibilidad de emitir una opinión general acerca de estas negociaciones, por la vía de una “resolución”, como hace sobre tantos temas sobre los que no tiene ningún poder. Gracias a la web del periódico “L’Humanité” ha podido ser conocido esta semana tal proyecto de mandato secreto, que no existe más que en inglés. El consejo europeo de 7/8 de febrero se pronunció, con el aval de Hollande y sin que este dijese ni una palabra, “por un acuerdo comercial global UE/USA” y el día 13, siempre sin una sola palabra de Hollande, el nombre del nuevo acuerdo se decidió en Washington entre Obama, Barroso y Van Rompuy. ¡Un cosido a mano!

El proyecto se llamará: Acuerdo de asociación transatlántica para el comercio y la inversión” (TTIP: Transatlantic Tradeand Investment Partnership) Obama y los dos dirigentes no electos de la UE han fijado como objetivo “acelerar la liberalización del comercio y las inversiones.” El mandato de negociación de la Comisión debe ser aprobado el 14 de junio por el Consejo de ministros de comercio, e inmediatamente podrán comenzar las conversaciones, tal vez en la Cumbre del G8 del día 17 como ha propuesto David Cameron.

La liberalización del comercio apuntada por este acuerdo, afectará a todos los sectores de la actividad. El mandato secreto antes mencionado fija como meta la constitución de un “mercado transatlántico integrado” y señala la “liberalización del comercio de bienes y servicios y de la inversión” con “atención particular a suprimir las barreras reglamentarias inútiles”  y exigiendo que el acuerdo sea “muy ambicioso, yendo más allá de los compromisos de liberalización de la OMC.”

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¿Lo habéis comprendido bien?
Mirémoslo de más cerca. Esta operación liberalizadora conlleva muchos matices. En primer lugar, “supresión total de derechos de aduana”para los productos industriales y agrícolas. Ya sobre este asunto, el acuerdo es peligroso para los europeos: según cifras de la Comisión, la tasa media aduanera es del 5,2% en la UE y del 3,5% en USA. Eso significa que si los derechos caen a cero, USA obtendrá un provecho 40% superior al de la Unión. Esa ventaja para los productos fabricados en EEUU será amplificada por la debilidad del dólar frente al euro. Y este desequilibrio será demultiplicado por la debilidad ecológica y social de los costes de producción USA. En tales condiciones, aunque sólo sea por este aspecto cuantitativo, el acuerdo será una máquina de deslocalizar, que agravará el paro. La Comisión reconoce púdicamente en el estudio de impactos que solicitó, que esto implicará un “descenso importante” de actividad y de empleo en la metalurgia. ¡En la metalurgia!

Luego viene la parte no tarifaria del acuerdo. Y allí el impacto no es solamente en la producción sino también en el conjunto de las reglamentaciones de los países. El proyecto llama a “reducir los costes resultantes de las diferencias” en aquellas proponiendo“encontrar nuevos medios de evitar las barreras no tarifarias [es decir, las leyes] de limitar la capacidad de las empresas europeas y americanas para innovar y participar en la competencia en los mercados mundiales.” Barroso ha incluso explicado que  “el 80% de los beneficios esperados de este acuerdo vendrán de la reducción del fardo de reglamentos y la burocracia.” Esto significa que los androides de la Comisión ven, en el acuerdo, la ocasión de ir aún más lejos de lo que lo hace ya la UE en la des-reglamentación. El“fardo”… había que encontrarlo.

Para liberalizar el acceso a los mercados, UE y USA deberán hacer converger sus reglamentaciones en todos los sectores, pues las normas más duras son consideradas como obstáculos al libre comercio. Pero, contrariamente a lo que afirman la Comisión y sus papagayos liberales y sociodemócratas en el Parlamento, USA y Europa no tienen“normas de un rigor análogo, en materia de empleo y de protección del medio ambiente.”  En efecto, los EEUU están hoy fuera de los principales cuadros de derecho internacional en materia ecológica, social y cultural; no suscriben muchas de las convenciones importantes de la OIT sobre derechos del trabajo; no aplican el protocolo de Kyoto contra el calentamiento climático y rechazan la convención para la biodiversidad, así como la de UNESCO sobre la diversidad cultural, y otros compromisos que los países europeos sí han firmado. Los modelos normativos estadounidenses son, en la mayoría de los casos, menos constrictores que los europeos. Un mercado común EEUU-UE liberalizado, tiraría entonces toda Europa hacia abajo. Si hace falta un ejemplo de las intenciones de los trusts norteamericanos, se puede tomar Bangladesh: las multinacionales europeas han acordado discutir las normas a aplicar en el futuro, según ellas, para no reeditar el horror que acaba de producirse. Las yankees no quieren oir hablar ni de discusiones ni de normas de ninguna clase.

Veamos ahora la lista de estragos previsibles. 

El primer impacto negativo será ecológico. El proyecto cuenta con las exportaciones como solución para relanzar la actividad y se opondrá a toda política que pueda permitir la reducción de la huella humana sobre la exósfera. Por el contrario, al aumentar el tráfico mercantil aéreo y marítimo a través del Atlántico, el esperado incremento de las exportaciones hará también aumentar las emisiones de gas de efecto invernadero. Y no creais que estoy cometiendo un exceso de celo, sin pruebas. La Comisión misma ha tomado conciencia del problema y estima el aumento limitado entre 4 y 11 mil toneladas anuales de CO2. No queda más que creerla. Pero por pequeño que sea, ese aumento será siempre demasiado importante. ¿No está comprometida la Unión, por el contrario, a reducir esas emisiones? ¿Es que la mano derecha debe ignorar lo que firma la izquierda? En razón de las diferencias mencionadas, este acuerdo será también una incitación al peor productivismo en detrimento de la calidad social y ecológica de los productos.

Por ejemplo en materia de reducción de la polución automovilística; las empresas francesas han manifestado ya su desacuerdo, pues aunque insuficientes, sus esfuerzos para invertir en la fabricación de motores menos contaminantes serán entorpecidos o arruinados por la liberalización.

Y en agricultura, el acuerdo expondrá a los europeos a la entrada de los peores productos del agro-negocio estadounidense: carne hormonada, aves lavadas con cloro, transgénicos…

Sin hablar de que ellos ignoran las denominaciones de origen, que consideran nombres genéricos cuyo uso debe ser libre, lo que podría permitirles comercializar “Champagne”[o Rioja] hecho en California. Adiós todo el inmenso trabajo de valorización de los productos europeos.

Alguien que se alegrará, será la ministra de Educación: no solamente hablar inglés, sino hacerlo mientras se bebe un Rivera del Duero de Tennessee. Esto no es todo. Sabemos que la negociación tratará también de “la política de competencia, incluyendo las disposiciones sobre concentraciones, fusiones y quiebras.”  Y a quienes esperaban que los servicios públicos fueran excluidos, hay que precisar que el acuerdo concierne también a los monopolios públicos, las empresas públicas y aquellas con derechos específicos o exclusivos” como también a la apertura de mercados públicos a todos los niveles administrativos, nacionales, regionales y locales.”

Pero el delirio no ha terminado, pues además se precisa que se deberá luchar contra el impacto negativo de barreras como los“criterios de localización.”  Será imposible promocionar, por ejemplo, circuitos cortos en el aprovisionamiento de colectividades locales. Como suponíamos, el tema financiero es el principal en el espíritu de los promotores de este acuerdo.

En materia de inversiones, el mandato pretende alcanzar “el nivel más alto de liberalización existente en los acuerdos de libre intercambio.”  Deberán ser negociadas medidas específicas de“protección de los inversores”  incluyendo un “reglamento de los diferendos entre Estados e inversores.”  Detrás de estas formulaciones oscuras, se trata de dotar a los inversores con derechos especiales y procedimientos preferentes supranacionales, en su relación con otros sujetos sometidos al derecho de los Estados. Es la lógica seguida en el “acuerdo multilateral sobre inversiones,” AMI, que USA intentó imponer en 1998 y fue abandonada tras movilizaciones ciudadanas y la negativa francesa a aceptarlo.

Otra buena noticia para financieros, el proyecto se pronuncia por una “liberalización total de los pagos corrientes y los movimientos de capitales.” ¡Ganga para las plazas financieras anglosajonas, las menos reglamentadas y las más especuladoras! Los gigantes del crédito hipotecario estadounidense podrán así vender sus créditos tóxicos en Europa, en iguales condiciones que en su país de origen.

Tal acuerdo sería un error geopolítico histórico. Durante 10 años el Imperio vio sus esfuerzos de libre comercio mundial bloqueados en la OMC por la resistencia creciente de los países del sur. Atrayendo Europa a sus proyectos en un bloque que significaría el 50% de la producción mundial, USA intenta reconstituir su dominio en vías de derrumbarse ante China. Para ellos, se trata simplemente de poder continuar imponiendo su ley al mundo entero. El propio proyecto no lo esconde, al afirmar que las reglas comunes que se fijen entre USA y la UE deberán “contribuir al desarrollo de reglas mundiales.”  

Este acuerdo maduró al mismo tiempo que la teoría del choque de civilizaciones, de la que es su traducción geopolítica. Toda la civilización europea actual ha estado cimentada en las intervenciones del Estado. Pero de hecho este tratado será una anexión de Europa por los EEUU, no quedará nada del ideal europeo. Será una renuncia a la soberanía de los pueblos. Y no solo se destruirá nuestro presente sino que nuestro futuro quedará en suspenso, pues ¿cómo plantearse, después, objetivos europeos de armonización salarial o fiscal, o de cooperación reforzada, que son obstáculos característicos para la libre competencia?. La prueba del funcionamiento coercitivo la da Canadá, demandado por muchos miles de millones de dólares, en razón de supuestas trabas puestas a aquella libertad de competencia.

Significará, de hecho, la disolución de la UE en el mercado único de los EEUU.

Nuestros amigos de América del Sur hicieron fracasar el ALCA, proyecto similar pilotado por Estados Unidos. Debemos imponernos el mismo objetivo.

Fuente Original: http://www.jean-luc-melenchon.fr/2013/05/24/vertige-du-moment-des-faits-et-des-mots/

Imagen: https://www.adbusters.org/