Cómo visualizar los contratos menores de un Ayuntamiento

Llevo un tiempo colaborando con numeroteca.org en el proyecto de SW libre para visualizar en conjunto los “contratos menores” municipales de forma interactiva, y me parece interesante compartir el método, a ver si se replica más y por más sitios.

Puede quedar tan chulo como esta de TODOS los contratos menores del Ayuntamiento de Valencia en 2016

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Paso 1: Listado de contratos

Consiga que su ayuntamiento publique en una sola lista todos los contratos menores de  en un único documento. A ser posible, que sea con open data. Intente que la lista tenga al menos los siguientes campos:

  1. Centro de Gasto (Para saber quién lo gasta)
  2. Descripción Gasto (Para saber de qué trataba el contrato)
  3. Nombre Proveedor/a  (Para saber quién lo cobró )
  4. DNI/CIF Proveedor/a (Para saber exactamente quién lo cobró)
  5. Importe Adjudicación (Para saber cuánto se gastó)
  6. Fecha Adjudicación (Para calendarizarlo )

Si su ayuntamiento no publica esta información, presente una moción como ésta

Ejemplo de lista recopilatoria: Valencia

Bájese esa lista.

Paso 2: Refine la lista (opcional, aunque recomendable)

Como la lista suele estar generada de forma descuidada, hay muchos registros que no coinciden por abreviaturas, errores mínimos, espacios en blanco…..)

Usando el SW libre OpenRefine, limpie FACILMENTE la lista y unifique datos con designaciones parecidas bajo el mismo epígrafe.  Exporte el fichero resultante en formato “.tsv”. Para que el visualizador funcione, la primera fila de las columnas (header) debe llamarse:

  1. centro
  2. actividad
  3. quien
  4. dni
  5. importe
  6. date

En el ejemplo con muy pocos cliks, se eliminaron los espacios en blanco antes y después de cada celda;  se cambió la notación de los decimales, se modificó el header y se agruparon proveedores que aparecían con nombres diferentes (siempre que tuvieran el mismo CIF)

Para agrupar proveedores interesante usar el DNI en vez del nombre del proveedor, para evitar errores. Se pude dar el caso de que un grupo empresarial/empresa puede tener varios CIF. (Viajes el corte inglés, Informática el Corte Inglés…. etc). Es importante estar atentos a posibles agrupaciones posteriores.

Paso 3: Genere una “tabla dinámica”

Es una opción muy fácil con LibreOffice . Tan sólo hay que abrir el archivo con los datos refinados en este programa, y buscar en el menú “Insertar/tabla dinámica…”. Añada en el hueco “campos de fila” el campo “nombre del proveedor” y en el hueco “campos de datos” el campo importe ( clickando se puede elegir que haga la cuenta, además de la suma). Automáticamente se generará una tabla que suma  la cuantía de contratos de cada suministrador.

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Para saber quién se ha llevado más dinero, una vez generada la tabla, seleccione una celda de la columna C y ordene los resultado con la opción del menú “Datos/Orden descendete”

En el ejemplo: Contratistas del Ayto de Valencia en 2016 que más importe han recibido

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Paso 4: Generación de ficheros para la visualización

Para generar la visualización se necesitan los siguiente ficheros en formato “.tsv” (son pocos):

  1. data (fichero con el listado de contratos que hemos refinado (o no) con las columnas del paso 2)
  2. viplist (fichero usado para generar la primera fila de filtros, para filtrar por empresa)
  3. centroslist (fichero usado para generar la segunda fila de filtros, los centros de gasto)
  4. thinglist (fichero usado para generar la tercera fila de filtros, por descripción en el contrato)

El viplist puede incluir las empresas que suman mayor importe. El  centroslist es básicamente la columna del centro de gasto emisor, y el thinglist debería ser una forma de agrupar contratos por descripción (obras, mantenimiento…).  Para ello puede ser intersante observar las palabras que más aparecen en el campo descripción usando la herramienta web Wordcounter

Paso 5: Genere la visualización.

Póngase en contacto con el mantenedor de este proyecto y envíele los ficheros para ir ampliando las visualizaciones, o si es usuario de git, genere su propio fork local.

Para ello, le recomiendo el manual oficial de GIT o el GitHowTo, y este cliente de git para Windows

Paso 6: Disfrute del panorama.

Como ejemplo, la lista interactiva de:

o incluso de visualizaciones alternativas a contratos municipales como :

Si el lector está interesado en estos temas, le recomiendo pasar por la página de cualquier OCM, por ejemplo el OCM de Valencia.

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Deuda Pública: Definiciones (II)

Este artículo es la continuación de este anterior, donde se trata la definición de “deuda ilegítima“.

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Recopilando un poco…….¿qué tipos de deudas ilegítimas hay?

Según el destino de los fondos obtenidos se pueden clasificar por ejemplo, en los siete casos siguientes. (ver ODG )

  1. Denominamos deudas de opresión a las resultantes de préstamos contraídos para financiar actividades humillantes, agresivas o criminales contra la población del país que se endeudó. La deuda odiosa es una deuda ilegítima de opresión.
  2. Las deudas de guerra consideradas ilegítimas son aquellas derivadas de préstamos que financiaron planes bélicos con fines imperialistas, anexionistas o de conquista (extender el dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza).
  3. Deudas de corrupción. Este tipo de deudas son las que se acumulan como consecuencia de actos de corrupción.
  4. Deudas de élite. Estas deudas ilegítimas son las que se acumulan como resultado de préstamos tomados por el Estado para beneficiar exclusivamente a una minoría de la población o a grupos económicos – locales o foráneos- que gozan de una posición de ventaja política o económica preexistente, o que cuentan con el poder suficiente (capacidad para pagar sobornos, capacidad para determinar el estado financiero o económico del país, etc.) para obtener tales favores diferenciales. También hace referencia a la deuda acumulada por los pasivos privados que asume el erario público con el mismo fin.
  5. Deudas de desarrollo. Éstas son las deudas contraídas para realizar proyectos de desarrollo que fracasaron o cuyas consecuencias humanas o ambientales resultaron nefastas porque carecían de estudios de viabilidad técnica, financiera, ambiental o social.
  6. Denominamos deudas de salvataje (salvamento) a aquellas generadas por proyectos o por reestructuraciones económicas, financieras o institucionales que prometían el crecimiento económico del país de localización o su estabilidad -y consecuentemente, la reducción de la pobreza- pero que produjeron el efecto inverso.
  7. En rigor, las deudas fraudulentas no son otra clase de deuda ilegítima, que pueda identificarse por el destino que se le dio a los fondos. De hecho, éstas se podrán encuadrar en alguna de las categorías de deudas ilegítimas ya descritas, en especial las deudas de corrupción o de élite. Sin embargo, esta distinción pretende destacar los casos en que hubo intencionalidad y connivencia entre las partes para que se cerraran negocios sucios basados en la estafa y el fraude con cargo a la deuda soberana. Y en particular, los casos en que la deuda externa se acumula indirectamente debido a la implementación de este tipo de maniobras, como por ejemplo cuando ellas permiten la evasión fiscal, la fuga de capitales o el lavado de dinero.

Así pues, una deuda ilegítima ¿puede NO pagarse?

Basta que una deuda sea ilegítima para que se pueda ejercer el derecho de repudiarla (no pago). La ciudadanía tiene derecho también a exigir la transparencia y la participación en materia de presupuestos a TODOS los niveles.

Pero hay que distinguir entre deuda ilegitima y pago ilegítimo del interés.

Una deuda puede haberse contraído de forma legal y legítima (la adicción al crédito es una enfermedad de nuestros gobernantes). Pero si sobrevienen circunstancias especiales y se prima el pago de la deuda contraída antes que el pago de necesidades básicas, ese pago en sí es ilegítimo. La prioridad del estado es proteger el bienestar de las personas.

Por lo tanto, el cambio de la Constitución en su artículo 135.3 es ilegítimo.

Es ilegítima una deuda y un modelo económico que antepone los derechos de los acreedores ante los derechos de las personas.

¿Qué es una deuda “ilegal”? ¿Es lo mismo que “ilegítima”?

Una deuda puede ser ilegal cuando se contrae mediante mecanismos que se encuentran fuera de la ley, es decir, deudas cuyos contratos contienen cláusulas ilegales. Es el caso de contratos en cuya celebración, ejecución o cancelación se ha violado la legislación del país receptor, o se han transgredido reglas y/o principios de justicia internacionales.

Bueno, pero ¿Para qué sirve una auditoría de la deuda?

Una auditoría sirve para identificar la parte ilegítima, odiosa o ilegal de una deuda, en concreto para la PACD, de la deuda pública española. Y está claro que al menos en los últimos 20 años, incluso los últimos 30, hay evidencias de la existencia de este tipo de deudas.

Un ejemplo: Los gobiernos que se han sucedido en España han implementado políticas tributarias de reducciones de impuestos a las personas ricas (ya sea a nivel de sus ingresos como personas físicas o sobre los ingresos de las empresas, especialmente las grandes, ya sean nacionales o extranjeras). Este proceso ha obligado a aumentar los impuestos indirectos, como el IVA, que afecta sobre todo a la gente con ingresos más bajos, ya que el IVA se paga a través de todo lo que se consume. Es decir, se implementan políticas tributarias que no respetan el principio de equidad, y que además, frecuentemente, no reportan a las administraciones la cantidad de fondos necesaria para afrontar los gastos e inversiones públicas. Este hecho lleva a las administraciones a recurrir a un mayor endeudamiento como modo de financiación. Entonces, esa deuda contraída, es una deuda ilegítima de élite.

Otro ejemplo: Una deuda contraída para rescatar a empresas privadas, quebradas, y así socializar las pérdidas y transferir deudas privadas hacia el tesoro público es también una deuda ilegítima, que podría calificarse también como de élite.

Entonces….¿Qué es en realidad la deuda?

La deuda es un elemento fundamental del sistema capitalista. El Estado podría financiarse sin recurrir al endeudamiento (o recurriendo puntualmente). Pero se asume la deuda como una herramienta imprescindible y la principal vía para la inversión pública. En teoría, las inversiones, el gasto social, en infraestructuras, etc., genera más ingresos, que bien gestionados, deben ser recuperados por el Estado. Los Estados se endeudan, e incluso incurren en déficit, con el objetivo de activar la economía y de obtener superávit a un cierto plazo.

Así pues, estos mecanismos revelan una clave del sistema: la dependencia del crédito, y consecuentemente la necesidad ineludible de crecimiento de la economía (y la confianza falsa en que ese crecimiento se produce indefinidamente).

El Estado se encuentra obligado a crear riqueza (crecer) continuamente para, al menos, devolver los créditos prestados más los intereses. Este crecimiento no siempre produce desarrollo equitativo para toda la población; a veces se obtiene a base de potenciar el sector exportador, al margen de las necesidades reales de la población, como ocurre frecuentemente en los países de la periferia del planeta. Además, la reproducción de este sistema ha sido posible gracias al saqueo sistemático de la riqueza generada por la naturaleza y al aprovechamiento no remunerado de los trabajos sociales y de cuidados realizados por las mujeres.

Pero existen otros mecanismos de obtención de ingresos por el Estado que no dependen tan directamente del crecimiento, y que son más justos y equitativos, especialmente, una política fiscal más progresiva, y otros que se explicarán más adelante.

Es interesante resaltar el papel central que el pago de la deuda tiene para nuestros gobernantes. En agosto de 2011 se reformó, sin consulta popular, y en contra del derecho internacional y estatal, pero con los votos a favor del PP y el PSOE nuestra Constitución para priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro gasto del Estado:

“los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta” (artículo 135.3 de la Constitución española).

¿Por qué se favorece la deuda como forma de financiación de la administración pública frente a otros mecanismos? ¿Por qué se prioriza su pago sobre los gastos necesarios para que una sociedad se desarrolle adecuadamente?

Porque, en realidad, la deuda es una herramienta del sistema capitalista en el que vivimos, para generar plusvalía, para obtener beneficios (no sólo económicos) destinados a perpetuar las estructuras de poder, para intercambiar favores políticos y para profundizar en las desigualdades. Ha servido durante décadas a gobiernos de todo tipo para extraer riqueza de los pueblos y trasladarla a las élites, restando legitimidad, soberanía y autogobierno.

La deuda, como instrumento ideológico, nos lleva también a reflexionar sobre la “mercadocracia” en que vivimos, y sobre la carencia de mecanismos de participación en nuestra democracia. Al fin y al cabo, la utilización de la deuda para perpetuar y extremar el injusto y asimétrico modelo económico global, se ve facilitada por la ausencia de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones políticas. Vemos una relación clara entre el problema de la deuda y el vaciamiento de las democracias representativas en favor de la Comisión Europea, del BCE, del FMI (la Troika) y el resto de élites políticas y económicas mundiales (creación de “democracias autoritarias”).

España: ¿Cuántas veces tendremos que pagar una deuda que no es nuestra?

por Yves JULIEN, Jérôme DUVAL
La deuda del Estado español está en el punto de mira de toda Europa, ya que los mercados financieros (bancos de inversión, fondos buitres y aseguradoras) han estado y siguen especulando con ella, con un solo objetivo: llevarse jugosos beneficios. Y esto a costa del empobrecimiento de la población en su conjunto, porque toda esta especulación conlleva un aumento progresivo de los intereses a pagar, reduciendo, a su vez, otros gastos del Estado, como ahora: la educación, las prestaciones de jubilación, viudez y desempleo, justicia, sanidad o servicios sociales.
Todas estas medidas de austeridad, equivalentes a los planes de ajuste estructural llevadas a cabo en el sur del planeta a partir de los años 80, no hacen más que aumentar las desigualdades sociales, a través del empobrecimiento cada vez mayor de las personas, especialmente de las más vulnerables (mujeres, minorías étnicas, jóvenes, inmigrantes, personas en paro y jubiladas).
No obstante, y en oposición con el discurso dominante, no son los gastos públicos los que han hecho que incrementara la deuda del Estado español. Al contrario, han sido medidas, cuyo beneficio para el conjunto de la población es más que dudoso, las que han provocado los déficits que han obligado un endeudamiento cada vez mayor. Por ejemplo, la baja de impuestos sobre sucesiones y donaciones, sobre el tramo superior del IRPF, y la supresión del impuesto sobre el patrimonio han beneficiado a los más ricos, cuyo patrimonio ha sido también protegido por el fraude fiscal, la bajada de impuestos sobre sociedades y las SICAV, como premio a su avidez y descontrol.
Por lo tanto, la lógica imperante es de hacer pagar al conjunto de la población las ventajas económicas conseguidas por un pequeño número de personas adineradas a través de la deuda. Pero no resulta fácil conocer la proporción exacta del presupuesto dedicado a pagar la deuda. Esto se debe a una voluntad política deliberada de esconder estas cuestiones a la población, facilitada por el carácter peculiar del endeudamiento de los estados, muy diferente al entendimiento general de los préstamos a particulares o empresas. Para estos préstamos, el dinero prestado (llamado capital), así como los intereses, se reembolsan conjuntamente a lo largo del tiempo acordado. En el caso de un estado, solo los intereses de los préstamos (llamados letras, bonos u obligaciones del Estado, según sean a corto, medio o largo plazo) se van reembolsando a lo largo de su duración, mientras que el capital se debe devolver de golpe cuando acaba (vence) el préstamo. Por esta razón, el funcionamiento habitual de los Estados es de endeudarse más para pagar los vencimientos de las antiguas deudas, permitiendo a los estados esconder estos gastos, ya que se equilibran a nivel presupuestario: los gastos por pago de vencimientos equivalen a los ingresos por emisión de deuda nueva. No obstante, aumentando la deuda por el déficit resultando de una mala gestión presupuestaria, se incrementa cada vez más el pago, que a su vez necesita cada vez más emisiones. Además, esta nueva deuda puede ser emitida en condiciones diferentes, por ejemplo con tasas de interés más altas (lo que ha estado ocurriendo últimamente), que desembocan en el clásico efecto bola de nieve (aumento de la deuda por el efecto combinado de altas tasas de interés y nuevos préstamos para pagar endeudamientos anteriores).

El estudio minucioso de los presupuestos generales del estado (accesibles a través de la página web del Ministerio de Economía y Hacienda) permite averiguar la cantidad de dinero gastada por el Estado español a título de reembolso de capital durante los últimos años (ver tabla). Por ejemplo, el reembolso de capital para el año 2010 es comparable al presupuesto total del Estado para ese año. Si sumamos intereses y capital reembolsados últimamente, vemos que entre 2000 y 2010, el Estado español ha reembolsado más de 3 veces lo que debía en 2000, y sigue debiendo casi el doble. Esta tabla también permite ver como los intereses y el capital reembolsados así como la deuda total no han parado de aumentar desde el año 2000, y con la actual especulación sobre la deuda del Estado español, esta tendencia no va a cambiar.

En conclusión, parece totalmente injusto ahorrar sobre los servicios públicos como educación y sanidad para reembolsar una deuda con el fin de aliviar un déficit que benefició a los más acomodados. Bajo presión popular, el Estado tiene que abrir todas las cuentas públicas de la deuda para que el pueblo, apoyado sobre el derecho nacional e internacional, pueda decidir si se debe reembolsar lo que ha sido pagado varias veces y que carece de legitimidad. Así, esta auditoría de la deuda pública española permitiría invertir la transferencia de riqueza operada por el servicio de la deuda en beneficio de los acaudalados tenedores de títulos de deuda hacia la población en su conjunto, para su bienestar.
Fuente original: